La diputada María Wendy Briceño Zuloaga, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, aseguró que no existe un análisis que permita conocer cómo impactan los programas sociales en favor de la paridad entre mujeres y hombres.
Indicó que “las políticas públicas no son neutrales al público, por lo que se han seguido reproduciendo las desigualdades administración tras administración”.
Durante el taller “Reglas de operación, Anexo 13” para conocer cómo se aplican los recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2020 y si se respeta el principio de perspectiva de género.
“Resulta que las mujeres no acceden igual que los hombres a los programas sociales, aunque ellas son las responsables de las labores domésticas y del cuidado de los menores, adultos mayores y enfermos”.
Briceño Zuloaga puntualizó que si se quiere cerrar las brechas entre ambos géneros, la Comisión tendrá la misión de hacer visible todos los temas que hasta el momento no son tomados en cuenta.
Verónica María Sobrado Rodríguez (PAN) destacó la trascendencia de hacer un análisis de las reglas de operación, sobre todo las que inciden en programas de nueva creación y donde está destinado buena parte del PEF 2020.
“Es importante que en este análisis verifiquemos cuál es el fin de cada programa, cuáles son sus componentes, qué actividades e insumos requiere, el método de cálculo de indicadores, población objetivo y cobertura”, consideró.
Liliana Ruiz Ortega, investigadora del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa, indicó que el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, previsto en el presupuesto 2020, puede ayudar a disminuir la brecha entre hombres y mujeres, por lo que deberá contar con importantes previsiones. “Actualmente la mayoría de jóvenes que no trabajan ni estudia son mujeres”, subrayó.
Para ello, sostuvo, las reglas de operación son esenciales porque “son el instrumento para aterrizar el ejercicio del gasto y dar eficacia, honradez y transparencia a los programas”.
Alertó que la ausencia de reglas de operación puede afectar el cumplimiento de los derechos, como pueden ser la falta de transparencia y acceso a la información.
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