El gobierno estatal presentó el protocolo cero, cuyo objetivo es promover que las mujeres que trabajan en la administración pública estatal lo hagan dentro de un ambiente libre de violencia y “se logre prevenir, atender, sancionar y erradicar” el acoso y hostigamiento sexual y laboral.
La presentación de dicho protocolo es similar al que un mes atrás aprobó el ayuntamiento de Guadalajara y el año pasado la Universidad de Guadalajara. Además se da en una entidad donde según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2016, 30 por ciento de mujeres mayores de 15 años que han trabajado sufrieron algún tipo de violencia o discriminación en su trabajo.
Aunque en el caso de la administración pública estatal no existen estadísticas sobre acoso y hostigamiento, la titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, Fela Pelayo, dijo que las denunciantes podrán hacerlo de forma anónima y que las autoridades una vez recibida la queja tendrán como máximo tres días para dictar medidas urgentes para proteger a la denunciante.
Según Pelayo las denuncias presentadas por acoso y hostigamiento sexual o laboral en las entidades públicas estatales serán erradicadas “a través de las capacitaciones y campañas de difusión. Contaremos, por primera vez, con un registro que será un diagnóstico sobre la incidencia de acoso y hostigamiento sexual-laboral, mismo que ayudará a erradicar de fondo el problema”, dijo.
La contralora estatal, Teresa Brito, explicó que la su dependencia o los órganos internos de control de cada secretaría “investigará, sustanciará y resolverá en el tema siempre de la mano de la víctima y al pendiente de que se maneje el procedimiento de principio a fin con el sigilo, la reserva y el respeto que impone la propia víctima”.
De acuerdo con la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas de Jalisco, las sanciones podrán ir desde amonestación pública o privada, suspensión del empleo, cargo o comisión; destitución de su empleo, cargo o comisión, e inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas.
Con Información de La Jornada
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