La Cámara de Diputados aprobó con 419 votos a favor, el dictamen que abroga el Estatuto de las Islas Marías, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 1939, y lo remitió al Senado de la República para sus efectos contusiónales.
El objetivo es renovar el uso de un bien inmueble público, y darle un nuevo sentido institucional, bajo la finalidad de aprovechar de mejor manera los recursos que tiene a su cargo el Estado, valorando que si bien históricamente el archipiélago de las Islas Marías tuvo una vocación como cárcel, ahora se busca aprovecharlo con aptitud de reserva ecológica, cultural y turística.
El documento argumenta que si bien la lejanía y condiciones de las Islas Marías, se valoraron en principio a efecto de que las personas ahí recluidas estuvieran en un régimen de internamiento de semi-libertad, lo cierto es que a veces no correspondía a la pretensión de los sentenciados enviados a dicho complejo. Muestra de ello, son los múltiples criterios judiciales de épocas anteriores en los que se impugnaba el envío a las referidas islas.
Dicho complejo era combatido judicialmente, ya que a juicio de los que impugnaban no resultaba afín a los derechos de las personas privadas de su libertad, de compurgar su pena en dicha cárcel, tan es así que había poco más de 650 personas en situación de prisión, aunque su capacidad permitía albergar más de cinco mil personas, con un gasto estimado de 727 millones de pesos al año.
En el régimen transitorio se precisa que el Ejecutivo federal deberá emitir las disposiciones jurídicas necesarias para que, en un plazo de 30 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, concluya la operación y cierre del complejo penitenciario ubicado en el archipiélago Islas Marías.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana podrá suscribir y emitir los acuerdos necesarios, realizar e instruir las acciones que permitan el cierre del Complejo Penitenciario Islas Marías y, deberá, a través del comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, realizar acciones para el traslado de las personas privadas de la libertad a otros centros penitenciarios federales o del fuero común con plena observancia a sus derechos humanos.
El personal adscrito al Complejo Penitenciario Islas Marías será incorporado a distintos centros federales de readaptación social o áreas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, conservando derechos laborales y prestaciones en virtud de su relación laboral.
El archipiélago Islas Marías continuará bajo jurisdicción federal y dependerá directamente del gobierno federal, en términos del artículo 48 de la Constitución Política y, los recursos financieros presupuestales destinado a las Islas Marías, se canalizarán a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a través del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, que los reasignará en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables.
En la fundamentación, la integrante de la Comisión de Gobernación y Población, diputada Lizeth Amayrani Guerra Méndez (Morena), indicó que el archipiélago ubicado a 112 kilómetros de las costas de Nayarit, es y era un lugar “en donde la flora y fauna contradecían la crueldad que padecieron quienes infortunadamente fueron destinados a purgar sus penas en estas insólitas tierras”.
Mencionó que entre los presos más celebres, estuvo el pensador José Revueltas. Añadió que desde la reforma constitucional del 18 de junio de 2008, en materia penal, se adoptó el sistema penal acusatorio y oral, y se garantizaron derechos humanos, este complejo tuvo una baja de reos.
Con una superficie total de 640 mil hectáreas, el pasado 12 de marzo de 2019, el titular del Ejecutivo federal cumplió su promesa de cerrar para bien del país y sus habitantes, la colonia penal, reubicando a sus últimos 584 reos a otros penales más convenientes.
Con la abrogación del decreto, destacó, se reconocen los derechos humanos de reos, produce un beneficio ecológico y un ahorro en el gasto público de la nación.
En los posicionamientos, el diputado de Morena, Alfonso Pérez Arroyo estimó que convertir las Islas Marías en un centro cultural y medioambiental, es congruente con la transformación de las instituciones que ha proyectado la Cuarta Transformación.
El diputado de José Ramón Cambero Pérez (PAN) estimó que el dictamen atiende el principio de progresividad de los derechos humanos que debe ser atendido por los tres órdenes de gobierno; sin embargo, no resuelve las deficiencias del sistema penitenciario, para lo que se requieren políticas eficientes.
Se pronunció a favor del documento, aunque señaló que “la estrategia de abrazos del gobierno federal no ha funcionado, sino que la delincuencia está peor que nunca”. Hizo votos porque bajo ningún motivo se privaticen las Islas Marías, deben seguir como patrimonio de todos los mexicanos.
La diputada Margarita Flores Sánchez (PRI) señaló que pocas veces se ha presentado una oportunidad noble para el rediseño de la historia del país; hoy las Islas Marías narran 114 años de historia y ofrecen una gran oportunidad para trasformar los problemas públicos en espacios de integración y aprovechamiento. “La Isla que cuidaba presos y custodios desde 1905 está por convertirse en un espacio de puertas abiertas al mundo”, apuntó.
Mencionó que México tiene historia de renovación de pactos con la reconversión de los espacios carcelarios como San Juan de Ulúa, Veracruz, el palacio de Lecumberri, dos puntos de referencia históricos exitosos. “El dictamen que hoy votaremos será de suma trascendencia para la cultura del país; la realidad actual exige una recomposición de la infraestructura que hoy se ha vuelto insostenible en todos sus sentidos”.
Armando Reyes Ledesma, diputado del PT, mencionó que el cierre del penal de las Islas Marías hace honor a la defensa de los derechos humanos en México y también a la lucha de un escritor, político y activista como lo fue José Revueltas. No queremos más en este país a poblaciones en condiciones de pobreza y relegadas como sucedió en las Islas Marías”.
En el marco de los derechos humanos debemos reorientar la vocación de este centro, argumento completamente pegado a las necesidades del país. “el Museo Nacional que se tiene como proyecto, ayudaría a la economía mexicana”, aseguró.
Por el PES, el diputado Armando González Escoto refirió que el decreto resalta que la operación de este centro penitenciario genera más gastos que beneficios, no se contribuye a la reinserción social de los convictos. Con la abrogación se contribuirá a la preservación y conservación de la biosfera, declarada por la Unesco en el 2000, área natural protegida.
Apoyó la iniciativa de construir un centro cultural de arte con el nombre de “Muros de Agua, José Revueltas”, pues “esta prisión fue el lugar donde el escritor retrató una época de profundos daños a los derechos humanos, a las libertades básicas y a la dignidad humana”.
El diputado Juan Martín Espinoza Cárdenas (MC) comentó que esta prisión operó desde 1905 y se estima que albergó, por lo menos, a 45 mil presos, que no tenían ningún contacto con sus familias.
Se pronunció a favor de convertirlo en un centro de cultura, en el cual se pretende impartir talleres de artesanías, desarrollo de granjas autosustentables, clases de literatura y estudios del medio ambiente a toda la comunidad y sus alrededores. Mencionó que los reos serán reacomodados en un centro de readaptación cercano a su domicilio para que puedan convivir con sus familias.
Zulma Espinoza Mata, diputada del PVEM, indicó que el establecimiento de las Islas Marías y su propósito principal fue aislar de la sociedad a los reos más peligrosos del país, así como a los presos políticos del régimen.
“Se tienen que abatir los altos costos de operación que representaba para el Estado mexicano las Islas Marías, es evidente lo ineficiente e irracional que resulta mantener en operación un lugar que albergaba 600 presos teniendo capacidad para más de 5 mil. Celebramos que se convierta en un espacio para que las niñas, niños y jóvenes puedan realizar actividades educativas, culturales, deportivas y de acercamiento con la naturaleza”, agregó.
La diputada Norma Azucena Rodríguez Zamora (PRD) dijo que el decreto resalta que la operación del complejo representa mayores costos que beneficios, su lejanía no contribuye a la reinserción social de las personas privadas de su libertad y se requiere contribuir a la preservación y conservación de la reserva de la biosfera de las Islas Marías, declarada área natural protegida.
Asimismo, considera que las personas privadas de su libertad, serán trasladadas a otros centros federales de readaptación, respetando en todo momento sus derechos humanos. También que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales será la encargada de administrar, desarrollar y preservar los ecosistemas y elementos de la reserva de la biosfera en las Islas Marías.
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