Con los legisladores del Congreso de la Unión estamos como en la canción de Joaquín Sabina: “Y nos dieron las diez y las once / Las doce y la una, y las dos y las tres…” Y no se les ven las ganas de hacer la reforma electoral.
Los diputados federales nada más generaron reflectores mediáticos con foros de análisis. Y los senadores presentaron una que otra iniciativa así como “para taparle el ojo al macho”; pero hasta ahí. Más bien en ambas cámaras los legisladores se han hecho los desentendidos.
Claro, a ningún partido político conviene hacer una reforma electoral en la cual se reduzca el financiamiento público que reciben como prerrogativa. Entonces no estaríamos hablando del millonario botín… perdón, del millonario monto para 2020 presupuestado por la Comisión del Instituto Nacional Electoral (INE) para los partidos: $5,239,001,651
¡¿Qué tal?!
Vaya hasta los morenistas han hecho mutis ante la jugosa cantidad, la cual está fuera de la lógica de la austeridad republicana, y de la cual a Morena le corresponde la mayor parte por tratarse del partido nacional con el mayor número de votos y representación política.
¿Cuánto le toca a Morena? Pues nada más para actividades ordinarias $1,653,944,795; más lo siguiente: $49,618,343 por actividades específicas; $7,126,950 de franquicias postales y $49,535 de franquicias postales. Y se consideran $49,618,34 para el liderazgo político de las mujeres morenistas.
En el financiamiento para actividades ordinarias y específicas, a los demás partidos en 2020 les corresponderá: PAN $908,790,729 y $27,263,722, respectivamente; PRI $856,063,024 y $25,681,891; PRD $418,829,549 y $12,564,887; PT $366,281,873 y $10,988,456; PVEM $399,841,446 y $11,995,243; y MC $385,113,498 y $11,553,405.
Y bueno a eso súmenle los montos de las franquicias postales y telegráficas; y del financiamiento ordinario calculen el porcentaje correspondiente para el liderazgo político de las mujeres.
Por cierto, ¿se entiende por qué ahora algunas mujeres se ponen al tú por tú con los hombres? Y no precisamente en asuntos intelectuales, sino en prácticas corruptas por el manejo y control del financiamiento público.
Resulta muy buen negocio tener un partido político, ¿no? Es cuasi una empresa, pero sin llevar a cuestas tantas cargas fiscales.
Seguramente por lo mismo actualmente 80 organizaciones de “ciudadanos” siguen en el proceso de constitución de partidos políticos para, en su caso, obtener el registro nacional y así estar en condiciones de competir en las próximas elecciones federales intermedias.
Ah, cuando el INE otorgue el registro como partidos nacionales a aquellas organizaciones de “ciudadanos” que cumplan con todos los requisitos, entonces el financiamiento calculado para el año correspondiente se fraccionará y tocaría menos a los previamente existentes.
En fin, retomando el tema: ¿Por qué hacen mutis las dirigencias de los partidos políticos y los legisladores de ambas cámaras del Congreso de la Unión ante el millonario financiamiento público calculado por el Instituto Nacional Electoral?
¡Porque les conviene! La democracia, el bien común, la justicia social, el primero los pobres, el bien general y la austeridad republicana, etc., es simple palabrería. Y se ve y se lee bien bonita en los documentos básicos de los partidos; pero hasta ahí.
En el Congreso de la Unión gastan a carretadas en ejercicios de democracia abierta así como para que algunos ciudadanos hagan catarsis, pero a los legisladores cada vez se les ven menos ganas de reducir el financiamiento público a los partidos políticos. ¡Y cómo no, si es todo un modus vivendi a costa del pueblo!
Y ahora que la mayoría de los partidos han perdido espacios, los comités ejecutivos nacionales, locales o municipales se han convertido en el refugio, en el coto de poder, en la agencia de colocaciones, en el único espacio de dónde vivir del erario y desde donde negociar con todo tipo de intereses.
Claro, con sus honrosas excepciones; también hay militantes con amor al partido y a la Patria. Lastima que sean contados con los dedos de una mano.
En fin, eso de oponerse a reducir el financiamiento público a los partidos para evitar sean infiltrados por el dinero del crimen organizado, ha dejado de ser un argumento válido, pues infiltrados ya están. Nada más fíjense a quienes otorgan las mejores postulaciones, con sus salvedades.
La reducción del financiamiento público es posible sin lesionar a los partidos. Bastaría con modificar la fórmula para calcularlo. Por ejemplo, cambiando el factor padrón electoral por lista nominal en la multiplicación con el porcentaje de la Unidad de Medida y Actualización y que éste sea del 32.5% en vez del 65% (la mitad).
La lista nominal siempre es menor que el padrón electoral; entonces como factor generaría una reducción, la cual sería más y mejor si se reduce también el porcentaje de la UMA.
Aparejado a ello, eleven el umbral de la votación para que un partido político conserve el registro, de modo tal que los realmente competitivos –no satélites— sean los que además de mantenerse como tales, tengan derecho al financiamiento público.
Ah, y eliminen en la ley general las disposiciones mediante las cuales se les concede financiamiento público local a los partidos con registro nacional; del dinero de las entidades federativas solo debería corresponder prerrogativa a los partidos locales.
No obstante todas las posibilidades de reducción al financiamiento los legisladores del Congreso de la Unión se hacen de la vista gorda, y mientras al INE no le queda más que aplicar la norma tal como está.
Bien decía don Benito Juárez: “¡Malditos aquellos que con sus palabras defienden al pueblo y con sus hechos lo traicionan!”
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Correo: rosyrama@hotmail.com
Rosy RAMALES
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