Rosy RAMALES
Después cinco meses, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, a cargo de Rubén Vasconcelos Méndez, soltó la ficha roja del ex diputado Juan Antonio Vera Carrizal como presunto autor intelectual del rociado con ácido a la saxofonista María Elena Ríos Ortiz.
Y ofreció una recompensa de hasta un millón de pesos a quien aporte información “veraz, útil y eficaz” para capturar al referido imputado por el delito de tentativa de feminicidio.
En ese contexto, dijo: “La Fiscalía General investiga éste y otros casos de violencia extrema contra las mujeres, a fin de presentar ante la justicia a quienes vulneran su integridad. En el caso específico de la víctima M.E.R.O., hemos realizado diversas acciones para procurar la detención de los responsables, procesarlos y presentarlos ante la justicia, evitando así la impunidad”.
¿Sí? Bueno, la Fiscalía actúa más rápidamente cuando hay presión social, sobre todo nacional e internacional como en el caso de la joven de la mixteca oaxaqueña, a quien el ácido le desfiguró el rostro y le quemó parte del cuerpo desde la garganta. Y no solo eso, la acción criminal le destrozó la vida y su promisoria carrera como saxofonista.
No obstante, la acción de la justicia en contra de Juan Antonio Vera Carrizal sigue teniendo un extraño hedor. Las dependencias competentes actuaron cuando el caso trascendió las fronteras locales, aunque éstas afirman haber brindado atención oportuna.
Incluso, recientemente se desató una campaña de desprestigio hacia la saxofonista y su familia. Pero lo mismo ocurrió –en menor grado— hacia la familia del imputado, cuya esposa, Soledad Hernández García, tardíamente emitió una carta abierta defendiendo a Vera Carrizal y donde manifestó hasta sospechas en contra de socios de Juan Antonio, empresario gasolinero y concesionario de radiodifusoras en la mixteca oaxaqueña.
Después del sigilo profesional de la Fiscalía, por no decir dilación, fue evidente el intento de políticos por rescatar de la acción de la justicia a Juan Antonio Vera Carrizal. Una situación muy extraña porque hasta la misma Fiscalía salió atropellada en la guerra desatada entre los defensores del imputado y los defensores de la víctima.
Quien sabe hasta donde influya el hecho de que Vera Carrizal haya sido diputado local por el PRI, luego candidato a diputado federal por la coalición PRI-PVEM, y después haya asistido a una reunión a Palacio Nacional estando ya en funciones el actual Gobierno de la República (de Morena), en septiembre del año pasado casi unos días después de la agresión a Malena; esto último según reveló la hermana de la saxofonista en medios de comunicación.
En el sigilo profesional de la Fiscalía (otra vez por no decir dilación), quien sabe hasta donde pesaron influencias económicas o intereses monetarios. El hoy imputado es dueño de una cadena de gasolineras y de radiodifusoras en la región de la mixteca, concesiones en su mayoría otorgadas casi a finales del anterior sexenio presidencial.
Como sea, el mismo Fiscal aseguró ayer en conferencia de prensa: “Para nosotros, es el autor intelectual”. Lo dijo refiriéndose a Vera Carrizal en torno a la agresión con ácido sufrida por María Elena, cuyos agresores materiales ya se encuentran en prisión.
Incluso, tras darse a conocer la ficha roja del político-empresario, el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Jorge González Ilescas, informó que se ha iniciado de manera inmediata el proceso de expulsión del partido de Juan Antonio Vera Carrizal ya que el Revolucionario Institucional “no tolerará conductas personales que vulneren a nuestra institución política y causen un agravio a la sociedad y mucho menos a las mujeres”.
Buen pronunciamiento, aunque de algún modo debió pronunciarse desde septiembre del año pasado cuando ocurrió el hecho y fue señalado el hoy imputado. Vaya, el prestigio del PRI ha andado de aquí para allá desde septiembre a la fecha por la acción delictiva de su ex diputado local.
El mismo gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, ha pedido el apoyo social para localizar a Juan Antonio Vera Carrizal, y fue el primero en decir –incluso antes que la Fiscalía— que “había que entrarle” a la investigación en torno al hoy imputado.
Ojalá se trate de una verdadera acción de justicia a favor de María Elena Ríos Ortiz, de un ejemplo contra de feminicidas, y no lleve endosada otras pretensiones.
Porque en Oaxaca dos cosas son un secreto a voces: Una eventual postulación de Rubén Vasconcelos Méndez a un cargo de elección popular para los comicios concurrentes del 2021, cuyo proceso electoral iniciará en septiembre próximo; y relaciones inconfesables en los negocios en torno al hoy imputado.
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Correo: rosyrama@hotmail.com
Rosy RAMALES
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