* Pedirán financiamientos para resarcir daños relacionados con el clima: CAN
La próxima Conferencia de las Partes (COP25) en Madrid, España, debe ser un espacio para buscar objetivos más fuertes y garantizar la operatividad de un mecanismo de financiamiento para pérdidas y daños relacionados con el clima, exhortó Climate Action Network (CAN).
Todos los países deben presentar objetivos ambiciosos a corto plazo que coincidan con la realidad de la crisis climática actual a fin de limitar el calentamiento a 1.5 grados Celsius, indicó CAN, que agrupa a más de mil 300 organizaciones no gubernamentales (ONG) en más de 120 países.
En conferencia de prensa, algunos expertos de esa organización consideraron que existen varias expectativas para la COP25 de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático y algunos temas serán prioritarios en la agenda del evento global anual sobre medio ambiente.
La cita, que se realizará del 2 al 13 de diciembre, fue trasladada a Madrid, España, debido a los disturbios civiles en Chile, donde se realizaría en las misma fechas, y esperan sea clave para que los países demuestren su voluntad de atender las demandas de millones de personas en ese tema.
Alden Meyer, director de Estrategia y Política, Unión de Científicos Preocupados, señaló que “los países de todo el mundo experimentan inundaciones, incendios forestales fuera de control, tormentas poderosas, olas de calor y otros eventos extremos relacionados con el clima”.
“Durante varios años hemos advertido que nos quedamos sin tiempo, pero está claro que es el momento de cambiar radicalmente el camino”, apuntó.
De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) las emisiones globales aumentan y deberán reducirse a una tasa de 7.6 por ciento cada año durante la próxima década para limitar el calentamiento global a 1.5 grados centígrados, en línea con el Acuerdo de París.
Meyer advirtió que “vamos como sonámbulos hacia la catástrofe climática; necesitamos despertar y tomar medidas urgentes. La COP25 debe responder a la urgencia de la ciencia y a las demandas de acciones para abordar tanto la crisis climática como la desigualdad económica y exclusión social”.
Por su parte, el coordinador de CAN en América Latina, Alejandro Alemán, apuntó que “aunque la sede sea en Madrid, esperamos que sea una conferencia latinoamericana y plantee cuestiones pertinentes a la región, como el financiamiento para pérdidas y daños”.
Durante el evento, Erika Lennon, abogada principal del Programa de Clima y Energía del Centro de Derecho Ambiental Internacional, consideró que en la COP25 se necesitan reglas sólidas y detalladas a fin de que no exista el riesgo de socavar el Acuerdo de París ni las contribuciones determinadas por los países a nivel nacional.
“Las salvaguardas sociales y ambientales apropiadas que protegen los derechos de las comunidades locales y los pueblos indígenas, incluida la participación obligatoria de los interesados locales durante todo el diseño del proyecto y el ciclo de vida son fundamentales”, aseveró.
El Acuerdo de París, sobre el cambio climático se logró el 12 de diciembre de 2015 en la capital francesa y es un plan global de acción para limitar el calentamiento del planeta por debajo de dos grados centígrados.
Angélica Beltrán, representante de la Asociación Ambiente y Sociedad de Colombia, estimó que “la naturaleza puede proporcionar casi una tercera parte de las soluciones para limitar el calentamiento global a 1.5 grados para 2030”.
Sin embargo, debemos asegurarnos de que estas soluciones no sean simples compensaciones, sino que vayan de la mano con grandes alcances y políticas de transformación para detener el uso y subsidio de los combustibles fósiles, puntualizó.
“No tiene sentido ampliar soluciones basadas en la naturaleza si afectan los derechos de comunidades indígenas, sus tierras, su cultura y su soberanía alimentaria. América Latina está presenciando crecientes violaciones de los derechos humanos y los líderes ambientales son amenazados y asesinados”, detalló.
Al respecto la Organización No Gubernamental Global Witness denunció en julio pasado que 164 personas murieron por defender sus tierras y el medio ambiente de industrias como la minería, la tala y agroindustria en 2018.
En ese entonces dijo que se trataba de más de tres asesinatos por semana, aunque la cifra real posiblemente era mucho mayor debido a que los casos suelen no documentarse ni investigarse, y los países con el mayor número de muertes son Filipinas (30), Colombia (24), India (23), Brasil (20), México (14), República del Congo (8), Irán (6) y Honduras (4).
Por Miguel Ángel de Alba
NTX/MADA/DAS-AES/
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