Buscan la redistribución de los beneficios para el desarrollo del país

Respecto a la posibilidad de establecer un impuesto relacionado con el comercio electrónico, el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, destacó que “el asunto es parte de un intenso debate internacional, tanto en el Grupo de los 20, como en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) e, incluso, en la Unión Europea.

 

Indicó que, por lo novedoso del tema, “nos hemos dado a la tarea de analizar cuidadosamente las prácticas y recomendaciones, para identificar los aspectos que pudiesen enriquecer la propuesta”.

 

Señaló que el Grupo de los 20 y la OCDE tienen la meta de alcanzar una solución en 2020, sobre cómo fiscalizar y atribuir los ingresos generados en operaciones multinacionales, identificando los retos de la digitalización y combatiendo la elusión y la evasión fiscal.

 

En este sentido, el legislador señaló que el Programa de Trabajo para Desarrollar una Solución Consensuada a los Retos Tributarios Originados por la Digitalización de la Economía de la OCDE, establece algunas propuestas, entre las que destaca otorgar mayor potestad tributaria a los países donde se localiza el mercado o los usuarios finales.

 

Refirió que, el pasado el 11 de julio, el parlamento francés aprobó la implantación de un impuesto de 3 por ciento a las empresas digitales con operaciones de más de 750 mil millones de euros en todo el mundo y más de 25 mil millones en Francia. Esta medida ha sido cuestionada por enfocarse únicamente en gravar a las grandes empresas del comercio electrónico, lo que se ha observado como impuestos dirigidos a las compañías estadounidenses. No obstante, las medidas aplicarán también a empresas provenientes de otros países, incluyendo China, Alemania, España y Gran Bretaña.

 

“Diversos países se encuentran en vías de implantar medidas similares, como Reino Unido, que busca aplicar un impuesto de 2 por ciento a los servicios digitales prestados por compañías con ingresos de al menos 500 millones de libras esterlinas. Nuestro país no debe quedar rezagado en esta materia”, afirmó Ramírez Cuéllar.

 

Cabe señalar que en México el comercio electrónico ha crecido más de 400 por ciento en los últimos 6 años, lo que lo posiciona como uno de los principales mercados en Latinoamérica, pasando del lugar 35 al 19 dentro del ranking mundial.

 

El legislador refirió que, a nivel internacional, se están analizando diversas posibilidades para gravar al comercio electrónico: un impuesto al consumo, un impuesto a la renta, un impuesto especial sobre economía digital o alguna combinación de éstos.

 

En el caso mexicano, la propuesta va encaminada a que los residentes en el extranjero que prestan sus servicios en territorio nacional paguen impuestos por todos los ingresos que reciben de los consumidores mexicanos; por lo que no se estaría estableciendo ningún impuesto nuevo ni se aumentando la tasa de ningún tributo.

 

Además, recordó que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe recomienda a los países de la región, realizar esfuerzos legislativos para que los servicios suministrados por empresas no residentes queden alcanzados por el IVA y, al mismo tiempo, diseñar procedimientos administrativos para asegurar una recaudación efectiva.

 

En ese mismo sentido, el organismo regional sugiere, en sintonía con la OCDE, implementar un sistema simplificado para la incorporación de las empresas no residentes al registro de contribuyentes, a fin de que sean las encargadas de declarar y pagar el IVA por los servicios que suministran a los consumidores finales de cada país.

 

Finalmente, Ramírez Cuéllar señaló que se encuentra abierto el diálogo para enriquecer la propuesta y que, en conjunto, se contribuya al bienestar de la población. Agregó que en la próxima reunión del Grupo de los 7, que se realizará en Biarritz, Francia, del 24 al 26 de agosto, los países asistentes, en particular Francia y Estados Unidos, abordarán el tema del comercio electrónico, y la propuesta es analizar las recomendaciones y en su caso, adecuar el planteamiento para nuestro país.

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