Este 2020, el Estado Mexicano se prepara para recuperar decenas o cientos de miles de millones de pesos que la aristocracia del outsourcing ha robado a México… el fraude al país por evasión fiscal alcanza la friolera de 324 mil millones de pesos al año y este desfalco ha sido posible gracias al apoyo de la autoridad, cuyos connotados representantes también tendrán que enfrentarse a procesos penales.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tendrá entonces que romper el pacto con Enrique Peña Nieto, “ofrecer su cabeza en la pica”, consideró José Óscar Valdés Ramírez, ex director de la Unidad de Delitos Financieros de la Fiscalía General de la República, porque esta es la única oportunidad para que la 4T recupere la confianza ciudadana de cara a las elecciones intermedias en México.
Oaxaca: Sergio Castro y MRCI
“¿Cómo es posible que en un estado tan pobre haya gente tan rica?, pues porque están robando” sentenció el también doctor en derecho constitucional durante una entrevista en el marco de su visita a la Verde Antequera.
Oaxaca se distingue porque el rey del outsourcing nació aquí: Sergio Castro, quien tiene desde 2008 orden de aprehensión, ha sido detenido y actualmente se encuentra libre por la rampante corrupción de las autoridades mexicanas.
En el estado también sobresale el corporativo MRCI. En referencia a éste, el especialista dijo: hace “estrategias chocolatas” basándose en buscar huecos en la ley para evadir impuestos… pero a partir de la nueva legislación las estrategias fiscales deberán ser autorizadas por el Sistema de Administración Tributaria (SAT).
Castro y MRCI serían botones de muestra en la entidad, de acuerdo con Valdés; aún hoy, los factureros y aristócratas del outsourcing –que así como ostentan en el pulso su riqueza, pasean escoltados en camionetas del año mientras compran aviones–, pueden mantener la sonrisa y quizá hasta librarse de la cárcel, porque cuando la facultada Guardia Nacional se apreste para ejecutar las órdenes de aprehensión por los delitos federales en los que incurren, el juez utilizará el criterio de oportunidad y en lugar de encarcelarlos les quitará sus bienes y los de aquellos vinculados a ellos que no pueden acreditar su procedencia: la mentada extinción de dominio.
“¡A mí qué me importa que Sergio Castro esté en la cárcel o que MRCI tenga cien despachos, la ley faculta quitarles lo que evadieron y le pertenecía al Estado… ellos le llaman ‘estrategias fiscales’ yo le llamo ‘robo a la nación’ y para ese robo tuvo que haber una autoridad mezclada!”.
Sería entre abril y mayo que el Estado Mexicano iniciaría con la recuperación de los bienes, aplicando la extinción de dominio que proceda a, por lo menos, 2 mil 600 prominentes empresarios.
En una primera etapa y con el reflector nacional, el gobierno de México irá por los más representativos.
Justo un día después de la entrevista con el doctor Valdés, el gobierno lopezobradorista dio a conocer que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) prepara una denuncia ante la FGR contra de empresas especializadas en outsourcing, en ésta incluirá a la principal corporación del ramo, GINgroup, que preside Raúl Beiruty.
GINgroup obtiene 98% de sus ingresos de la terciarización de recursos humanos, emplea a 180 mil colaboradores y genera una facturación anual estimada en 340 mil millones de pesos, según la autoridad hacendaria.
¿Qué delitos se les imputarán a las empresas que compren facturas y a quiénes han hecho de la defraudación al Estado Mexicano su modus vivendi? Delincuencia organizada, fraude fiscal equiparado y lavado de dinero.
No esperen notificación, porque no la habrá. No busquen un contador o un fiscalista, busquen a un penalista… y si piensan que las amistades con políticos les servirán, sepan que los tres niveles de gobierno también están en la mira porque a la 4T le queda claro que el principal comprador de facturas es la autoridad.
Como botón de muestra: el gobernador tamaulipeco Francisco García Cabeza de Vaca realizó “acuerdos reparatorios” con factureros de esa entidad, mismos a los que cobró multas de uno o dos millones cuando éstos tenían que pagar 2 mil millones… el gobierno federal invalidó estos convenios y va por dichos factureros que tendrán que pagar, sí o sí, los 2 mil millones.
Oaxaca, Quintana Roo, Jalisco, Puebla y Chiapas son los estados que concentran a la mayor cantidad de empresas dedicadas al outsourcing en México.
El objeto de la ley contra los defraudadores fiscales es simple: quitarle los bienes a quienes no puedan acreditar que los consiguieron con actividades lícitas; así, las residencias, obras de arte, joyas, y la totalidad de muebles e inmuebles conseguidos con la práctica del outsourcing y la compra-venta de facturas están en la mira del Estado Mexicano en esta 4T.
Link de entrevista completa al doctor José Óscar Valdés Ramírez, base de la presente columna: https://www.facebook.com/nadia.sanabia/videos/10222315407703639/?d=n
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